Argentina: Víctima de los ensayos Pfizer busca aclarar irregularidades
FP para OVALmedia
Un nuevo escándalo salpica a Pfizer, esta vez en la Argentina. A raiz de las declaraciones del abogado Augusto Roux sale a la luz pública que los ensayos clínicos de la vacuna Covid en el hospital militar Cosme Argerich de Buenos Aires tuvieron enormes irregularidades. Se ocultaron deliberadamente los efectos adversos que el fármaco tuvo sobre un gran número de voluntarios. En verano de 2020, Augusto Roux era uno de ellos. Poco después de la segunda inoculación, el letrado de entonces 36 años, carente de enfermedades previas, sufrió una repentina pericarditis aguda que lo llevó al borde de la muerte.
Cuando desarrolló esa dolencia no le atendieron debidamente: „Únicamente podíamos denunciar si teníamos Covid o síntomas relacionados, pero no los efectos adversos [de las vacunas]“. Más adelante, la doctora Gisela Di Stilio, del Hospital Alemán de Buenos Aires, certificó una pericarditis como consecuencia de los efectos de la vacunación.
Siendo un abogado penalista que trabaja para la Corte Suprema argentina, Augusto Roux se propuso usar sus amplios conocimientos judiciales y trabajar sin descanso para llevar ante los tribunales a los responsables. Tirando del hilo, descubrió el contrato oficial entre el hospital militar en el que se llevaron a cabo los experimentos con las vacunas y el gigante farmacéutico Pfizer.
El proceder de ocultar sistemáticamente los resultados negativos del experimento es una flagrante violación al propio protocolo sanitario.
Las irregularidades no sólo fueron ignoradas, sino que desde las altas esferas se impidió cualquier tipo de investigación para tratar de esclarecer las negligencias. Pues ni el Ministerio de Salud argentino, ni la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica), que es el organismo estatal que oficialmente supervisa esa clase de pruebas, han tenido en consideración las declaraciones del afectado. Augusto Roux trató de impulsar un debate parlamentario al respecto, pero la respuesta del parlamento ha sido casi nula.
Augusto, entrevistado recientemente por Deutsche Welle, ha manifestado que el motivo podría ser que existe un contrato entre la farmacéutica Pfizer y el hospital militar donde se llevaron a cabo las pruebas de las vacunas experimentales en la Argentina. El hospital militar bonaerense Cosme Argerich coordinó los ensayos en base a dicho contrato. Existe un convenio de cooperación mutua entre el Ejército argentino y el mencionado hospital, sobre todo en lo que respecta al intercambio de información. Oficialmente, para la prevención de ataques exteriores y combatir al terrorismo.
Investigación clínica clasificada como secreto de estado militar
Debe recalcarse que un ensayo clínico (probar nuevos medicamentos) es un asunto de carácter civil. Que esos experimentos con las vacunas Covid en verano de 2020 estuvieran bajo la órbita del Ministerio de Defensa llevan a ciertos analistas como Josh Guetzkow, a calificar las pruebas de Pfizer de facto como una operación militar.
Hay quien excusa esta forma de proceder, achacando como justificación la „emergencia sanitaria“ que supuestamente se vivía durante la „pandemia“. Pero, como Augusto Roux insiste en su entrevista con Deutsche Welle, este tipo de contratos entre la industria farmacéutica y el aparato militar ya existía desde hace al menos 20 años. Así pues: Se habían sentado ya las bases de lo que se implementa hoy con décadas de antelación.
Alrededor de 50 pacientes que participaron en esas pruebas sufrieron efectos adversos y sus casos fueron ocultados, sus registros „desaparecieron“. Augusto Roux investigó concienzudamente y descubrió que su caso no es el único, tras acceder a las informaciones de efectos adversos en otros voluntarios a través de una empresa dedicada a la trazabilidad y documentación de ensayos clínicos. Esos informes fueron abiertos al público a través de una resolución del juez estadounidense Mark T. Pittman. Así, se supo que en septiembre de 2020 una participante del estudio argentino falleció a consecuencia de las pruebas; hecho que las autoridades sanitarias trataron de negar en enero de 2021.
Por si todo ello no fuera ya lo suficientemente escandaloso, a Augusto se le ha tratado de desacreditar mencionando en los informes del hospital que padece una enfermedad psiquiátrica. Ello afirma, sin criterio alguno, el director del estudio experimental de las vacunas en el hospital militar; Fernando Polack, médico infectólogo y pediatra, quien encima carece de la capacitación para dar semejante diagnóstico de patología mental.
Además, en los registros de Pfizer consta erróneamente que Augusto se retiró de los ensayos „por motivos personales“ y no por la pericarditis sufrida.
El contrato que ha difundido Augusto, y que apunta a una cooperación entre la industria farmacéutica y el Ejército argentino, es precisamente entre el hospital militar donde se realizaron las pruebas Pfizer, y la empresa iTrials S.A., propiedad de Fernando Polack. A iTrials se le encargó por parte del estado argentino la realización de los ensayos con las vacunas.
Augusto hace hincapié en que la industria farmacéutica, aliada a la inteligencia y a la logística militar, utiliza la estructura estatal de la República Argentina, sabiendo que el estado no tiene la capacidad de controlar, de supervisar correctamente ni de fiscalizar esos ensayos clínicos. El ente regulador argentino que debería velar por la seguridad y el correcto desarrollo de pruebas con nuevos medicamentos „es muy pobre en vigilancia farmacológica“ según el criterio de Augusto Roux.
Enlaces de interés:
https://www.dw.com/es/graves-irregularidades-en-ensayos-cl%C3%ADnicos-en-argentina/video-65761028
https://tierrapura.org/2023/05/23/el-caso-de-un-voluntario-argentino-desaparecido-por-pfizer/