La Torre de Basilea: la banca central y la maquinaria del imperio

Un ensayo

Unbekoming

I. Agosto de 1982

En agosto de 1982, el ministro de Finanzas de México informó al Gobierno de los Estados Unidos que su país ya no podía hacer frente al pago de su deuda externa. En cuestión de semanas, Brasil, Argentina, Venezuela y más de cuarenta países de Hispanoamérica, África y Asia se encontraron en la misma situación. El sistema bancario internacional se enfrentaba a su crisis más grave desde 1929.

Las cifras eran abrumadoras. Solo México debía a los acreedores extranjeros más de 80 000 millones de dólares. En todo el mundo en desarrollo, los gobiernos que habían contraído grandes préstamos a lo largo de la década de 1970 se enfrentaban ahora a pagos de intereses que superaban sus ingresos totales por exportaciones. Los préstamos que se suponía que iban a financiar la modernización —centrales eléctricas, autopistas, puertos— se habían convertido en instrumentos de asfixia nacional.

La crisis pareció golpear sin previo aviso. En la prensa financiera, se presentó como una historia de préstamos imprudentes por parte de gobiernos corruptos del Tercer Mundo, de un gasto desmesurado que finalmente se enfrentaba a la realidad. La solución, en consecuencia, requeriría disciplina: Austeridad, ajuste estructural, supervisión por parte del Fondo Monetario Internacional.

Este planteamiento era engañoso en sus elementos esenciales. La crisis de la deuda no fue un accidente. No fue el resultado de malas decisiones de gobiernos individuales. Fue la consecuencia previsible —y prevista— de un sistema diseñado para producir exactamente este resultado. La trampa se había tendido años antes, cebada con petrodólares, y se activó mediante decisiones políticas deliberadas en Washington y Londres. Lo que parecía una crisis era, para quienes entendían la arquitectura de las finanzas internacionales, el sistema produciendo su resultado previsible.

Para comprender cómo docenas de naciones se encontraron simultáneamente en situación de insolvencia, es necesario examinar tres mecanismos interrelacionados: el reciclaje de los ingresos del petróleo a través de los bancos occidentales en la década de 1970, la crisis de los tipos de interés provocada por la Reserva Federal a partir de 1979 y la estructura subyacente de la creación de dinero que hace posibles estas trampas. Detrás de los tres se encuentra una institución de la que la mayoría de la gente nunca ha oído hablar, el Banco de Pagos Internacionales, con sede en Basilea (Suiza), que coordina los bancos centrales que operan estos mecanismos sin límites de fronteras.

La historia de la crisis de la deuda de 1982 es, en esencia, una historia sobre la naturaleza del dinero: quién lo crea, en qué condiciones y en beneficio de quién. También es una historia sobre el imperio, no el imperio de los ejércitos y los administradores coloniales, sino un imperio de la deuda, operado a través de instituciones que se presentan como técnicas y apolíticas, mientras ejercen un poder que ningún virrey colonial jamás poseyó.

II. La trampa está tendida

El cebo de la trampa fue el petróleo.

En octubre de 1973, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) anunció un embargo contra las naciones que habían apoyado a Israel en la guerra de Yom Kippur. Los precios del petróleo se cuadruplicaron en cuestión de meses, pasando de unos 3 dólares por barril a 12 dólares. Una segunda crisis siguió a la Revolución Iraní de 1979, lo que elevó los precios por encima de los 30 dólares. Las economías industriales de Occidente se sumieron en una recesión. La inflación y el desempleo aumentaron simultáneamente, lo que produjo una nueva miseria que los economistas denominaron «estanflación».

Para los países productores de petróleo, las crisis de precios generaron ingresos que superaban con creces lo que podían absorber a nivel nacional. Arabia Saudita, Kuwait, los Estados del Golfo, Venezuela, Nigeria… De repente, estos gobiernos disponían de enormes excedentes de dólares que no sabían dónde invertir. El dinero fluyó, casi automáticamente, hacia las únicas instituciones financieras capaces de manejar tales volúmenes: los principales bancos comerciales de Nueva York y Londres.

Citibank, Chase Manhattan, Bank of America, Manufacturers Hanover, J.P. Morgan… Estas instituciones se vieron inundadas de depósitos. Había que poner a trabajar los petrodólares. Los depósitos inactivos no generan nada; los bancos obtienen beneficios prestando. Así que los banqueros se pusieron a buscar prestatarios.

Los encontraron en los países en desarrollo. Los gobiernos latinoamericanos estaban ansiosos por financiar la industrialización, las infraestructuras y las crecientes expectativas de sus poblaciones. Las naciones africanas buscaban construir las instituciones de los nuevos estados independientes. Los países asiáticos querían subir la escalera que Japón había ascendido. Los bancos estaban ansiosos por complacerlos. Los agentes de crédito se dispersaron por todo el mundo, ofreciendo créditos en condiciones que parecían generosas.

La palabra clave es «parecían». Los préstamos tenían tipos de interés variables, normalmente vinculados al tipo de interés interbancario de Londres (LIBOR). Cuando un gobierno pedía prestados 1000 millones de dólares al LIBOR más un 2 %, no estaba aceptando un calendario de pagos fijo. Estaba aceptando pagar cualquier tipo de interés que exigiera el mercado en el futuro, más una prima. Si el LIBOR se situaba en el 7 %, el tipo efectivo era del 9 %. Si el LIBOR subía al 15 %, el tipo pasaba a ser del 17 %. El prestatario asumía todo el riesgo.

A mediados de la década de 1970, este acuerdo parecía manejable. El LIBOR se mantenía en un solo dígito. Los precios de las materias primas —los ingresos de los que dependían los países deudores para pagar sus préstamos— se mantuvieron relativamente estables. Los préstamos parecían casi gratuitos. Entre 1975 y 1982, la deuda total del Tercer Mundo se duplicó con creces, pasando de unos 400 000 millones de dólares a más de 800 000 millones. Los bancos obtuvieron enormes beneficios. Sus ejecutivos cobraron bonificaciones y sus accionistas cobraron dividendos. Citicorp y Chase Manhattan registraron ganancias récord incluso cuando las deudas de sus prestatarios se agravaban.

Lo que los gobiernos prestatarios no entendían —lo que muchos de ellos no podían entender, porque no se les facilitaba la información— era que los tipos de interés de sus préstamos podían aumentarse a voluntad mediante decisiones políticas tomadas en Washington y Londres. Las condiciones de los préstamos convertían a las naciones deudoras en rehenes de la política monetaria establecida en otro continente, por instituciones que respondían a intereses completamente diferentes.

La trampa estaba tendida. Solo faltaba el detonante.

III. La arquitectura

La trampa que se cerró sobre el Tercer Mundo en 1982 no fue improvisada. Los préstamos a tipo variable, el reciclaje de los petrodólares, la crisis coordinada de los tipos de interés… Todos ellos eran los últimos refinamientos de una arquitectura desarrollada a lo largo de más de un siglo, mediante técnicas pioneras en las finanzas europeas y trasplantadas al suelo estadounidense.

Niall Ferguson, en su historia autorizada de la dinastía bancaria Rothschild, identifica el principio rector: «Es mejor tratar con un gobierno en dificultades que con uno que tiene la suerte de su lado». Un país en dificultades financieras era, escribe, «un objetivo natural para la penetración financiera de los Rothschild». La consecuencia lógica era la siguiente: «Un gobierno que no pedía dinero prestado era un gobierno al que los Rothschild podían asesorar, pero no presionar». La deuda transformó la relación de asesoramiento en coercitiva.

La aplicación de este principio requería vehículos institucionales. En Europa, los Rothschild mantenían desde hacía tiempo relaciones con los bancos centrales y los ministerios de finanzas. Estados Unidos, con su tradición de hostilidad hacia la banca centralizada, presentaba un reto diferente. El obstáculo político requería una solución política.

La solución comenzó en 1837, cuando un agente formado en los bancos Rothschild de Fráncfort y Nápoles llegó a Nueva York. Nacido como Aaron Schönberg, se presentó en Estados Unidos como August Belmont, ya no alemán, ya no judío, sino, como señalaron sus contemporáneos, «una especie de francés». El momento era estratégico: una crisis financiera había dejado a los bancos estadounidenses desesperados por obtener capital. Belmont organizó grandes préstamos de Rothschild para apuntalar a las instituciones deudoras. Más tarde, ocupó durante años el cargo de presidente del Comité Nacional Demócrata, situando el capital europeo en el centro de las finanzas políticas estadounidenses. Su hijo ayudó a rescatar al Gobierno de Estados Unidos cuando este se acercaba al impago en 1895.

La casa bancaria Morgan desempeñó una función complementaria. Los historiadores Gerry Docherty y Jim Macgregor remontan su relación con los intereses de los Rothschild a 1857, cuando la empresa Morgan original se enfrentaba a la ruina y fue rescatada por un préstamo del Banco de Inglaterra, donde, según documentan, los Rothschild tenían «un enorme poder». La investigación de Ron Chernow establece que J. P. Morgan se convirtió en «el principal conducto del capital británico y amigo personal de los Rothschild». El acuerdo tenía un propósito específico. Morgan, cuya familia se remontaba a la América prerrevolucionaria y que se presentaba como un recto guardián protestante del capitalismo, proporcionaba lo que Docherty y Macgregor denominan «la fachada perfecta»: un rostro nativo para los flujos de capital que, de otro modo, podrían atraer la atención.

A principios del siglo XX, el alcance de Morgan era considerable. Extendió su control al First National Bank, al National City Bank, al Chase National Bank y a las principales compañías de seguros del país. Controlaba al menos una quinta parte de todas las empresas que cotizaban en la Bolsa de Nueva York. La supuesta rivalidad entre los intereses de Morgan y Rockefeller ocultaba una realidad más cooperativa. Carroll Quigley confirma que «el grupo Rockefeller… funcionaba como una unidad capitalista financiera en estrecha cooperación con Morgan».

La creación de la Reserva Federal en 1913 representó la mayor victoria institucional de esta red. A diferencia de los bancos centrales de Europa, que llevaban mucho tiempo operando bajo la influencia de Rothschild, Estados Unidos se había resistido a la banca centralizada desde que Andrew Jackson destruyó el Segundo Banco de los Estados Unidos en la década de 1830. La crisis bancaria de 1907 proporcionó el pretexto necesario. Un pánico fabricado demostró la «necesidad» de una autoridad bancaria central; Morgan dio un paso al frente para proporcionar tanto la gestión de la crisis como la solución propuesta.

La Reserva Federal que surgió no era una institución gubernamental en ningún sentido significativo. Era, y sigue siendo, un consorcio de bancos privados que operan con la autorización del Gobierno. El poder de crear dinero —de conjurar moneda a partir de asientos contables y cobrar intereses por dinero que antes no existía— se institucionalizó a nivel nacional, controlado por intereses privados y aislado de la responsabilidad democrática.

La Primera Guerra Mundial demostró la capacidad del sistema. En 1917, el Ministerio de Guerra británico había realizado pedidos de compra por un total de más de 20 000 millones de dólares a través de la Casa Morgan. Al final de la guerra, Gran Bretaña y sus aliados debían a los bancos de Wall Street 12 500 millones de dólares al 5 % de interés. La dificultad radicaba en que Gran Bretaña y Francia habían quedado prácticamente en bancarrota por la guerra y tenían dificultades para pagar.

La solución creó nuevas oportunidades de extracción. El Tratado de Versalles responsabilizó a Alemania de las deudas de todos mediante reparaciones de guerra. Alemania pagaría enormes sumas a Gran Bretaña y Francia, que las utilizarían para pagar sus deudas con Wall Street. A su vez, Alemania pudo cumplir estas obligaciones pidiendo préstamos a los mismos bancos de Wall Street mediante la venta de bonos. El Plan Dawes de 1924 y el Plan Young de 1929 formalizaron este acuerdo circular. Ambos planes llevaban los nombres de hombres relacionados con la red Morgan. Owen D. Young era vicepresidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York.

El Banco de Pagos Internacionales, establecido en Basilea en 1930 con el objetivo aparente de gestionar las reparaciones alemanas, internacionalizaría esta arquitectura, creando un mecanismo de coordinación para los bancos centrales que operaba fuera del alcance de cualquier gobierno.

Las conexiones entre Wall Street, el sistema de la Reserva Federal y los posteriores acontecimientos geopolíticos están documentadas en la investigación de Antony Sutton. Él identifica a las empresas estadounidenses asociadas con «los banqueros de inversión internacionales Morgan-Rockefeller» como íntimamente involucradas en una financiación que tendría consecuencias significativas: «esas empresas controladas a través de un puñado de entidades financieras, el sistema del Banco de la Reserva Federal, el Banco de Pagos Internacionales y sus continuos acuerdos de cooperación internacional y cárteles que intentan controlar el curso de la política y la economía mundiales».

La investigación de Ferguson sobre las operaciones anteriores de los Rothschild confirma la lógica subyacente. Durante la guerra de Crimea de 1853-1856, prestaron 26 millones de libras esterlinas a Gran Bretaña, al tiempo que prestaban a Francia y Turquía. Entre 1859 y 1870, «se encontraron repetidamente en ambos lados de conflictos decisivos». Sus comunicaciones internas revelan que «calculaban cuidadosamente para asegurarse de que ambas partes en el conflicto les pagaran por sus servicios financieros». Ferguson rechaza explícitamente cualquier sugerencia de que la guerra perjudicara sus intereses: «Lejos de debilitar la posición de los Rothschild, la guerra de Crimea tuvo precisamente el efecto contrario, ya que reafirmó enfáticamente la primacía de las casas Rothschild en el campo de las finanzas públicas».

La guerra crea deuda. La deuda crea dependencia. La dependencia crea control. El principio articulado por Amschel Rothschild —buscar gobiernos en dificultades— se extendió a través de la red estadounidense de Morgan, se institucionalizó a través de la Reserva Federal y se internacionalizó a través del BIS, y encontraría su máxima aplicación en el mundo en desarrollo después de 1945. La crisis de la deuda del Tercer Mundo de 1982 no fue una aberración. Fue la misma arquitectura, aplicada a nuevos objetivos, con los mismos resultados.

IV. El detonante

El detonante se produjo en octubre de 1979, cuando Paul Volcker, el recién nombrado presidente de la Reserva Federal, anunció que, a partir de entonces, la Fed se centraría en la oferta monetaria en lugar de en los tipos de interés. Los detalles técnicos de este cambio de política importaban menos que sus consecuencias prácticas: se permitiría que los tipos de interés subieran tanto como fuera necesario para frenar la inflación.

Y subieron. El tipo de interés de los fondos federales, que a principios de 1978 rondaba el 7 % de media, superó el 10 % a finales de 1979. En junio de 1981, superó el 20 %. El LIBOR siguió el mismo camino. En dos años, el coste del servicio de la deuda a tipo variable se triplicó aproximadamente.

Para México, Brasil, Argentina y docenas de otras naciones, las matemáticas se volvieron imposibles. Un gobierno que había pedido prestados 10 000 millones de dólares al 9 % de interés debía 900 millones de dólares anuales solo en pagos de intereses. Cuando la tasa subió al 18 %, esa obligación se duplicó a 1800 millones de dólares, sin que se pidiera prestado un solo dólar adicional. El principal permaneció intacto. El deudor había pagado enormes sumas y debía más que nunca.

Al mismo tiempo, la crisis de Volcker sumió a las economías industriales en una grave recesión. La demanda de los productos básicos que exportaban los países deudores —cobre, café, algodón, azúcar, estaño— se desplomó. Los precios cayeron un tercio, en algunos casos hasta la mitad. Los gobiernos atrapados en la trampa de la deuda se enfrentaban ahora a una situación sin salida: el costo del servicio de su deuda se había duplicado, mientras que sus ingresos para pagarla se habían reducido a la mitad.

Esta no fue una consecuencia imprevisible de la política antiinflacionista. Fue un resultado predecible y previsto. Los grandes bancos habían concedido préstamos de forma imprudente a lo largo de la década de 1970, cobrando comisiones e intereses por préstamos que cualquier análisis sensato habría calificado de arriesgados. Cuando los riesgos se materializaron, los bancos no sufrieron las pérdidas que un mercado genuino les habría impuesto. En cambio, las pérdidas se transfirieron, primero a los países deudores y, en última instancia, a sus poblaciones.

La crisis de Volcker ha sido elogiada en las historias económicas convencionales como la «medicina amarga» que curó la inflación. La narrativa estándar hace hincapié en las crisis del petróleo, los préstamos imprudentes de los países en desarrollo y la respuesta necesaria de la Reserva Federal ante la escalada de los precios. Según esta versión, la crisis de la deuda fue una consecuencia no deseada, dolorosa pero inevitable, resultado de errores por todas las partes.

Esta narrativa es incompleta. Omite la estructura de tipos variables que transfirió todo el riesgo de los tipos de interés a los prestatarios. Ignora la naturaleza coordinada del endurecimiento monetario de los bancos centrales. No se pregunta quién diseñó las condiciones de los préstamos, quién fijó los tipos y quién se benefició cuando se cerró la trampa. Los prestatarios cometieron errores; los prestamistas hicieron fortuna. Las «consecuencias no deseadas» recayeron íntegramente en una de las partes.

Lo que este planteamiento también omite es la distribución de los costes. La inflación se curó principalmente destruyendo la demanda, dejando sin trabajo a millones de personas tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo. En Estados Unidos, el desempleo alcanzó niveles nunca vistos desde la Gran Depresión. En el Tercer Mundo, las consecuencias no se midieron en estadísticas de desempleo, sino en tasas de mortalidad infantil, colapso de la matriculación escolar y hospitales sin medicinas.

El Gobierno de Margaret Thatcher en Gran Bretaña aplicó políticas paralelas. La coordinación no fue accidental. Los gobernadores de la Reserva Federal y del Banco de Inglaterra se consultaban regularmente, como habían hecho durante décadas. Compartían hipótesis, marcos analíticos e intereses institucionales. También compartían un lugar para esas consultas: el Banco de Pagos Internacionales en Basilea, donde los banqueros centrales se reunían cada dos meses, lejos del escrutinio público, para coordinar sus políticas.

V. El mecanismo

La crisis de la deuda puso de manifiesto un mecanismo que opera bajo la superficie de la vida económica ordinaria. Para comprender por qué las naciones pueden quedar atrapadas por la deuda —por qué pueden pagar más de lo que pidieron prestado y seguir debiendo más de lo que tenían al principio— es necesario comprender cómo se crea el dinero.

La concepción convencional sostiene que los bancos funcionan como intermediarios. Los depositantes colocan sus ahorros en los bancos; los bancos prestan esos ahorros a los prestatarios; los intereses compensan a los depositantes por aplazar su consumo. En este modelo, los bancos son conductos pasivos que ponen en contacto a los ahorradores con los prestatarios.

Este modelo es falso. Los bancos no prestan dinero existente. Crean dinero nuevo en el momento del préstamo.

Las propias publicaciones de la Reserva Federal lo reconocen. Un documento titulado Modern Money Mechanics, publicado por el Banco de la Reserva Federal de Chicago, explica el proceso: «En Estados Unidos, ni el papel moneda ni los depósitos tienen valor como mercancías. Intrínsecamente, un billete de un dólar es solo un trozo de papel. Los depósitos son meras anotaciones contables». El documento continúa: «Los bancos crean dinero basándose en la promesa de pago del prestatario. Los bancos crean dinero «monetizando» las deudas privadas de empresas y particulares».

Cuando un banco aprueba un préstamo, no transfiere fondos existentes de una caja fuerte. Crea un depósito en la cuenta del prestatario, un número en un libro de contabilidad. Ese número no existía antes de que se concediera el préstamo. El prestatario ahora tiene dinero para gastar y el banco tiene un activo (el contrato de préstamo) en sus libros. El dinero ha sido conjurado para existir.

Esto podría parecer una tecnicidad. No lo es. Las consecuencias son profundas.

En primer lugar, casi todo el dinero en circulación tiene su origen en la deuda. Alguien debe pedir prestado para que el dinero exista. Si se pagaran todas las deudas, la oferta monetaria desaparecería prácticamente. El sistema requiere préstamos perpetuos para funcionar.

En segundo lugar, el dinero para pagar los intereses nunca se crea. El banco crea el principal, la cantidad prestada, pero no los intereses que se adeudarán por ella. Si un banco presta 1000 dólares al diez por ciento de interés, crea 1000 dólares. El prestatario debe 1100 dólares. Los 100 dólares adicionales deben provenir de otra parte de la economía, del dinero creado por otros préstamos, que conllevan sus propias obligaciones de interés. La aritmética garantiza que la deuda total del sistema siempre superará el dinero total disponible para pagarla.

En tercer lugar, esta estructura garantiza una transferencia continua de riqueza de los prestatarios a los prestamistas. Dado que el dinero se crea como deuda con intereses, el sector financiero extrae un peaje perpetuo de la economía productiva. El peaje se acumula con el tiempo. Lo que comienza como una pequeña porción se convierte, a lo largo de décadas, en una parte dominante.

El Banco de la Reserva Federal de St. Louis reconoció la naturaleza del sistema en una nota técnica al pie de página: «Los sistemas monetarios modernos tienen una base fiduciaria —literalmente, dinero por decreto— con instituciones depositarias que actúan como fiduciarias, creando obligaciones contra sí mismas con la base fiduciaria actuando en parte como reservas».

Traducido del lenguaje bancario: los bancos privados crean la oferta monetaria, y las reservas que supuestamente la respaldan son en sí mismas solo promesas del gobierno, entradas en los libros de contabilidad, respaldadas por nada más tangible que el poder del Estado para gravar y coaccionar.

Este es el mecanismo que se desplegó contra el Tercer Mundo en 1982. El dinero fue creado por los bancos occidentales, prestado a los países en desarrollo a tipos de interés variables, y luego el coste de ese dinero se triplicó por las decisiones políticas tomadas en la Reserva Federal. Los países deudores no solo debían dinero. Debían dinero que había sido creado con el propósito de endeudarlos, en condiciones que podían modificarse unilateralmente, con intereses que matemáticamente no podían pagarse sin pedir más préstamos.

La trampa no era un error del sistema. Era la arquitectura básica del sistema.

VI. La distinción

El lector podría objetar en este punto: ¿este argumento es simplemente contra los intereses? ¿Contra los préstamos en sí? Si es así, sería ingenuo, una superstición medieval disfrazada de lenguaje moderno.

La objeción pasa por alto una distinción crucial. Los intereses sobre el capital acumulado legítimamente sirven a fines económicos racionales. Cuando un individuo o una institución presta fondos que realmente ha ahorrado —capital que representa trabajo, producción o consumo renunciado en el pasado—, la compensación por ese préstamo refleja los costos reales. El prestamista no puede utilizar ese capital para sus propios fines durante el período del préstamo. El prestamista asume un riesgo real de impago. Los bienes presentes se valoran más que los bienes futuros; al prestamista se le debe algo por esperar.

Un agricultor que presta a su vecino semillas de maíz para plantar, esperando la devolución de las semillas más maíz adicional en la cosecha, realiza una transacción beneficiosa para ambas partes. El prestatario gana capacidad productiva que de otro modo no tendría. El prestamista recibe una compensación por el riesgo y la gratificación diferida. Nada en este acuerdo transfiere riqueza injustamente o crea inestabilidad sistémica. Esto no es usura. Es la función ordinaria del crédito en una economía productiva.

El sistema descrito en este ensayo funciona de manera diferente.

Cuando los orfebres isabelinos aceptaban depósitos de oro para su custodia y luego emitían diez veces esa cantidad en recibos de oro —prestando derechos sobre una riqueza que no existía—, no estaban prestando su capital. Estaban fabricando derechos mediante asientos contables y cobrando intereses por esos derechos ficticios. El orfebre que recibe 100 onzas de oro y emite recibos por 1000 onzas no ha prestado nada de lo que poseía. Ha creado dinero a partir de un asiento contable y ha exigido su pago como si se hubiera producido un intercambio de capital real.

William Paterson, arquitecto del Banco de Inglaterra, lo entendió perfectamente. Se jactaba de que el Banco «obtiene el beneficio de los intereses de todo el dinero que crea de la nada». Las primeras operaciones del Banco demostraron claramente este principio: en los dos años siguientes a su creación en 1694, tenía en circulación 1 750 000 libras esterlinas en billetes de banco frente a unas reservas de oro de solo 36 000 libras, una proporción de casi cincuenta a uno. Los intereses cobrados por las 1 714 000 libras sin respaldo representaban un pago por nada. No se prestó ningún capital ahorrado. No se asumió ningún coste de oportunidad. No se asumió ningún riesgo real de perder la riqueza acumulada. El «préstamo» era una ficción contable; sin embargo, se cobraban intereses como si se hubiera transferido riqueza real.

Esto es usura en su sentido económicamente destructivo: no el cobro de intereses en sí, sino el cobro de intereses sobre crédito creado ex nihilo, dinero fabricado mediante asientos contables en lugar de acumulado a través de la producción, el ahorro o la formación de capital genuino.

Las consecuencias de estas dos formas de préstamo difieren categóricamente.

Los intereses sobre el capital ahorrado redistribuyen la riqueza existente entre las partes que han acordado voluntariamente los términos. La base monetaria total se mantiene estable. Si el prestatario incumple, el prestamista sufre una pérdida real de sus ahorros reales. El sistema contiene mecanismos naturales de autocorrección: los prestamistas no pueden prestar más de lo que poseen.

Los intereses sobre el crédito creado funcionan sin estas restricciones. El crédito creado de la nada puede ampliarse o reducirse a voluntad por quienes controlan el mecanismo de creación. Esto produce los ciclos de auge y caída que devastan a las poblaciones, no porque los intereses en sí mismos sean perjudiciales, sino porque la oferta monetaria puede manipularse independientemente de la capacidad productiva real. La decisión de la Reserva Federal de restringir el crédito en 1929, o de subir los tipos de interés en 1979, afectó no solo a los préstamos existentes, sino a toda la oferta monetaria, porque esa oferta monetaria existía únicamente como deuda de las instituciones que aplicaban la política.

El congresista Louis McFadden, presidente del Comité Bancario de la Cámara de Representantes, identificó este mecanismo en 1932: «Esos doce monopolios crediticios privados fueron impuestos de forma engañosa y desleal a este país por banqueros que vinieron aquí desde Europa… El saqueo de los Estados Unidos por parte de la Junta de la Reserva Federal y los Bancos de la Reserva Federal es el mayor crimen de la historia». El crimen que identificó no era que existieran los intereses, sino que entidades privadas habían adquirido el poder de crear la oferta monetaria de la nación como deuda con intereses, extrayendo un tributo perpetuo sobre una riqueza que nunca poseyeron y nunca arriesgaron.

Los registros históricos confirman que las sociedades pueden tener intereses sin este sistema. La Roma republicana utilizaba monedas de bronce acuñadas por el Estado; existían los intereses, pero el dinero en sí no se creaba como deuda. El sistema inglés de palos de cuenta financiaba grandes infraestructuras sin pedir dinero prestado a creadores privados. El Banco Estatal Ruso bajo los zares concedía préstamos a bajo interés al comercio y la industria, pero el Estado controlaba la creación de dinero, y los intereses del dinero emitido por el Estado volvían a las arcas públicas en lugar de a los sindicatos bancarios privados.

Estos sistemas no eran utopías. Pero tenían una característica común: la creación de dinero seguía siendo una función pública. La distinción es importante porque identifica el mecanismo preciso de extracción. El agricultor que presta semillas de maíz a interés realiza un bien social. La institución que crea derechos monetarios de la nada, los presta a interés y exige su reembolso en dinero que debe tomarse prestado de la misma fuente con más interés, construye un sistema matemáticamente imposible. La deuda agregada siempre debe superar la oferta monetaria agregada. El sistema requiere una expansión perpetua o, de lo contrario, acabará colapsando. Quienes controlan el mecanismo de creación tienen secuestrada la propia economía.

Así es como se construyó la trampa. No con los intereses. No con los préstamos. No con el crédito. Sino con los intereses que cobran las instituciones privadas por el dinero creado de la nada, como único mecanismo a través del cual la moneda entra en circulación.

VII. La cúspide

Una vez comprendido el mecanismo, surge la pregunta: ¿cómo se coordina?

Los bancos centrales son instituciones nacionales. La Reserva Federal sirve a los Estados Unidos; el Banco de Inglaterra sirve a Gran Bretaña; el Bundesbank servía a Alemania. Cada uno responde, en teoría, a su propio gobierno. Sin embargo, la crisis de la deuda demostró que estas instituciones actúan de forma concertada, aplicando políticas sincronizadas a través de las fronteras con consecuencias para las naciones que no tienen voz en sus deliberaciones.

La respuesta se encuentra en Basilea, Suiza, en una torre de dieciocho pisos que domina la estación central de ferrocarril. Se trata de la sede del Banco de Pagos Internacionales (BPI), una institución que se describe a sí misma como «un banco para los bancos centrales». Cuenta con sesenta y tres bancos centrales como miembros. Su consejo de administración ha incluido a los gobernadores de la Reserva Federal, el Banco de Inglaterra, el Banco Central Europeo, el Banco de Japón y el Banco Popular de China. Según sus propias declaraciones, es la institución financiera internacional más antigua del mundo.

También es una de las menos conocidas y menos responsables.

El BIS se creó en 1930, aparentemente para gestionar los pagos de reparaciones alemanas en virtud del Plan Young. Sus fundadores fueron Montagu Norman, gobernador del Banco de Inglaterra, y Hjalmar Schacht, que pronto se convertiría en ministro de Economía de Hitler. Desde el principio, el banco se diseñó para operar fuera del alcance de los gobiernos. La Convención de La Haya de 1930 le otorgó protecciones extraordinarias: sus activos no pueden ser embargados, sus archivos son inviolables y su personal goza de inmunidad diplomática. El Gobierno suizo ha confirmado que sus instalaciones están fuera de la jurisdicción legal suiza. Mantiene su propia fuerza de seguridad. Sus reuniones son a puerta cerrada, sus deliberaciones secretas y sus actas nunca se publican.

Carroll Quigley, profesor de historia de la Universidad de Georgetown que tuvo acceso a los archivos de los grupos que dieron forma a la política angloamericana, describió el propósito de esta arquitectura en 1966:

«Los poderes del capitalismo financiero tenían otro objetivo de gran alcance, nada menos que crear un sistema mundial de control financiero en manos privadas capaz de dominar el sistema político de cada país y la economía del mundo en su conjunto. Este sistema iba a ser controlado de forma feudal por los bancos centrales del mundo actuando de forma concertada, mediante acuerdos secretos alcanzados en frecuentes reuniones y conferencias privadas. La cúspide del sistema iba a ser el Banco de Pagos Internacionales de Basilea (Suiza), un banco privado propiedad y controlado por los bancos centrales del mundo, que a su vez eran empresas privadas».

Quigley no era un crítico de este sistema. Era un iniciado que creía en sus objetivos. Su descripción no era una denuncia, sino un relato académico de cómo se organizaba realmente el poder.

El BIS funciona como nodo de coordinación de los bancos centrales de todo el mundo. Su poder no opera a través de órdenes secretas, sino a través de mecanismos más sutiles: el establecimiento de normas, marcos analíticos compartidos y la definición de lo que constituye una política monetaria «sólida». Cuando Paul Volcker subió los tipos de interés en 1979, las consecuencias se extendieron por todo el mundo, no solo por las fuerzas del mercado, sino porque otros bancos centrales siguieron su ejemplo, coordinándose a través de las reuniones periódicas en Basilea. Los gobernadores que se reúnen allí comparten hipótesis, modelos e incentivos profesionales. La presión entre los banqueros centrales es tan eficaz como cualquier directiva. Los comités del banco establecen normas para la banca internacional: el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, el Comité sobre el Sistema Financiero Global y el Comité sobre Sistemas de Pago y Liquidación. Lo que parecen ser decisiones técnicas sobre reservas de capital y gestión de riesgos son, en la práctica, decisiones políticas que determinan qué países pueden acceder al crédito y en qué condiciones. Un país cuyos bancos no cumplen los requisitos de capital de Basilea se ve excluido de las finanzas internacionales, no por una conspiración, sino por la silenciosa aplicación de las normas establecidas en esa torre.

El secretismo de la institución es sorprendente. Como dijo un antiguo funcionario del BIS a un periodista: «No hay agenda escrita, a menos que se requiera la revisión de uno de los estatutos del banco, y no se levantan actas». Los banqueros centrales que se reúnen allí confían plenamente los unos en los otros. En palabras de un antiguo jefe de divisas de la Reserva Federal que asistió durante quince años: «Por mucho dinero que hubiera en juego, nunca se firmaban acuerdos ni se rubricaban memorandos de entendimiento. La palabra de cada funcionario era suficiente, y nunca hubo decepciones».

El banco no rinde cuentas ante ningún electorado, ninguna legislatura, ningún público. Las políticas formuladas dentro de sus muros afectan a miles de millones de personas que nunca han oído hablar de él. Posee más oro que la mayoría de los países. Obtiene beneficios sustanciales, no paga impuestos y distribuye dividendos a sus accionistas, los propios bancos centrales.

La crisis de la deuda de 1982 se gestionó desde Basilea. El BPI proporcionó el lugar para coordinar la respuesta. Los banqueros centrales que habían permitido —y fomentado— los préstamos imprudentes de la década de 1970 se reunieron para garantizar que los costes los asumieran los prestatarios y no los prestamistas. El mecanismo se denominó «ajuste estructural».

VIII. El ejecutor

El mecanismo de ejecución funcionaba a varios niveles. A nivel institucional, el Fondo Monetario Internacional imponía condiciones a los países deudores. A nivel de base, un tipo diferente de operador preparó la trampa.

John Perkins, que trabajó como lo que él denomina «sicario económico» para la consultora Chas. T. Main entre 1971 y 1980, describió la metodología en una confesión de 2004. El proceso comenzaba con préstamos para infraestructuras: centrales eléctricas, autopistas, puertos, parques industriales. Una condición de dichos préstamos era que las empresas estadounidenses de ingeniería y construcción debían construir todos los proyectos. «En esencia», escribe Perkins, «la mayor parte del dinero nunca sale de Estados Unidos; simplemente se transfiere de las oficinas bancarias de Washington a las oficinas de ingeniería de Nueva York, Houston o San Francisco». A pesar de que el dinero regresaba casi inmediatamente a las empresas estadounidenses, el país receptor estaba obligado a devolverlo todo, el principal más los intereses.

Los préstamos se diseñaban para ser más grandes de lo que el país podía pagar. «Si un EHM tiene éxito total», explica Perkins, «los préstamos son tan grandes que el deudor se ve obligado a incumplir sus pagos al cabo de unos años. Cuando esto ocurre, entonces, como la mafia, exigimos nuestra libra de carne. Esto suele incluir una o varias de las siguientes cosas: control sobre los votos de las Naciones Unidas, la instalación de bases militares o el acceso a recursos preciosos como el petróleo».

Perkins documenta los resultados en Ecuador, donde trabajó extensamente. Durante lo que se denominó el «boom petrolero» a partir de 1970, el nivel oficial de pobreza pasó del cincuenta al setenta por ciento. El desempleo aumentó del quince al setenta por ciento. La deuda pública aumentó de 240 millones de dólares a 16 000 millones. La parte de los recursos nacionales asignada a los segmentos más pobres de la población disminuyó del veinte por ciento al seis por ciento. Por cada 100 dólares de petróleo crudo extraído de las selvas tropicales ecuatorianas, las compañías petroleras recibían 75 dólares. De los 25 dólares restantes, tres cuartas partes se destinaban al pago de la deuda externa. Menos de 3 dólares llegaban a las personas cuyas tierras habían sido destruidas.

Pero, ¿qué ocurría cuando un líder se negaba a cooperar?

Perkins describe una clara secuencia de escalada. Los sicarios económicos eran la primera línea. Si no conseguían asegurar la cooperación mediante préstamos, sobornos o amenazas, «entran en escena unos tipos aún más siniestros, a los que los EHM llamamos chacales». Los chacales eran agentes encubiertos. «Cuando aparecen, los jefes de Estado son derrocados o mueren en violentos «accidentes»». Y si los chacales fracasaban, «entonces resurgían los viejos modelos. Cuando los chacales fracasan, se envía a jóvenes estadounidenses a matar y a morir».

Jaime Roldós, elegido presidente de Ecuador en 1979, se negó a cooperar. Lanzó un ataque contra las compañías petroleras, presentó una ley de hidrocarburos que reformaría la relación de su país con las empresas extractoras extranjeras y expulsó al Instituto Lingüístico de Verano, al que acusó de confabularse con los intereses corporativos. En mayo de 1981, semanas después de presentar su legislación al Congreso, pronunció un discurso en el que advertía a todos los intereses extranjeros que, a menos que ayudaran al pueblo ecuatoriano, se verían obligados a marcharse. A continuación, subió a un avión con destino a una pequeña comunidad del sur de Ecuador. El avión explotó. Murió a los cuarenta años.

Omar Torrijos, de Panamá, había negociado el Tratado del Canal con Jimmy Carter. Se negó a renegociarlo con Reagan. Él también expulsó al Instituto Lingüístico de Verano. Dos meses después de la muerte de Roldós, Torrijos se subió a un pequeño avión. Se estrelló contra una montaña panameña. Su guardaespaldas le dijo más tarde al novelista Graham Greene: «Había una bomba en ese avión. Sé que había una bomba en el avión».

Perkins señala que Torrijos había confesado tener pesadillas sobre su propio asesinato: «se veía a sí mismo cayendo del cielo en una gigantesca bola de fuego». Fue profético.

Una vez que se sentó este precedente, la labor del FMI se hizo más fácil. Una nación que incumplía el pago de su deuda —o incluso intentaba renegociar las condiciones— se veía excluida de los mercados crediticios internacionales. Ningún gobierno le prestaría dinero; ningún banco liquidaría sus transacciones. El único camino para recuperar la solvencia pasaba por el Fondo y sus «condicionalidades».

El patrón era el mismo en todos los países. El Fondo enviaba un equipo para evaluar la situación. El equipo elaboraba un informe en el que diagnosticaba el problema como un gasto público excesivo, una moneda sobrevalorada y una apertura insuficiente a la inversión extranjera. La receta era siempre la misma: recortar el gasto público, eliminar las subvenciones a los alimentos y el combustible, devaluar la moneda, privatizar los activos estatales y eliminar las barreras al capital extranjero.

Irving Friedman, el funcionario estadounidense que diseñó el sistema de condicionalidades, explicó más tarde la filosofía: «Mi idea era que mantuviéramos el uso de los recursos del Fondo como una especie de incentivo para los países. Primero se realiza un análisis muy serio de la situación económica del país. Identificas el origen de las dificultades y señalas qué cosas hay que cambiar».

Las condicionalidades no se diseñaron para restablecer la salud económica. Se diseñaron para garantizar el pago de la deuda. Un país que recortaba el gasto en salud y educación podía redirigir esos fondos a los acreedores extranjeros. Un país que devaluaba su moneda abarataba sus exportaciones para los compradores extranjeros, al tiempo que encarecía las importaciones —incluidos los medicamentos, la maquinaria y los alimentos— hasta hacerlas prohibitivas para su propia población. Una nación que privatizaba sus activos transfería la propiedad de los recursos construidos con inversión pública a empresas extranjeras a precios de saldo.

México, bajo la supervisión del FMI, se vio obligado a recortar las subvenciones a los productos de primera necesidad. El peso, que a principios de 1982 se cotizaba a 12 por dólar, cayó a 862 en 1986 y a 2300 en 1989. A pesar de estos sacrificios, la deuda externa total de México pasó de 82 000 millones de dólares a casi 100 000 millones. La deuda aumentó incluso cuando la riqueza de la nación fue despojada.

El mismo proceso se repitió en América Latina, África y Asia. Entre 1980 y 1986, un grupo de 109 países deudores pagó 326 000 millones de dólares solo en intereses de su deuda externa. Pagaron otros 332 000 millones de dólares en amortizaciones del principal. El servicio de la deuda combinado ascendió a 658 000 millones de dólares, sobre una deuda que originalmente ascendía a 430 000 millones de dólares.

A pesar de esta transferencia masiva, esos 109 países aún debían 882 000 millones de dólares al final del período. Habían pagado más de una vez y media lo que habían pedido prestado originalmente y debían más del doble de la cantidad original.

Las matemáticas no fallaban. Se trataba de la operación prevista del interés compuesto sobre deudas que nunca podrían pagarse, impuesta por instituciones que servían a los intereses de los acreedores mientras afirmaban ayudar a las naciones deudoras.

Un estudio de UNICEF Dinamarca estimó que solo durante la década de 1980, las naciones deudoras transfirieron aproximadamente 400 000 millones de dólares a Estados Unidos. Este fue el mayor movimiento de riqueza de las naciones pobres a las ricas en la historia de la humanidad. Superó con creces las extracciones de la era colonial. No se logró mediante la ocupación militar, sino a través de instrumentos financieros, acuerdos de condicionalidad y políticas coordinadas de los bancos centrales.

Las consecuencias se midieron en vidas humanas. En África, el gasto sanitario per cápita se redujo en un 50 % durante la década de ajuste. Las tasas de mortalidad infantil, que habían estado disminuyendo, comenzaron a aumentar. La matriculación escolar se redujo, ya que las familias ya no podían pagar las tasas. En América Latina, los salarios reales se redujeron en un 40 % en algunos países. La «década perdida» retrasó el desarrollo en una generación.

Mientras tanto, los bancos acreedores quedaron protegidos de las consecuencias de sus propios préstamos imprudentes. Las deudas no se condonaron, sino que se reestructuraron, lo que significó que los intereses impagados se añadieron al principal, aumentando las obligaciones futuras. Cuando la reestructuración resultó insuficiente, instituciones públicas como el Banco Mundial concedieron nuevos préstamos para que los países deudores pudieran seguir cumpliendo sus obligaciones con los bancos privados. El riesgo se había privatizado; el rescate se socializó.

IX. El precedente

La crisis de la deuda de 1982 no fue una innovación. Fue el perfeccionamiento de una técnica perfeccionada un siglo antes con otro objetivo: el Imperio Otomano.

A mediados del siglo XIX, el Imperio Otomano todavía parecía formidable, extendiéndose desde los Balcanes a través de Anatolia hasta las ciudades santas de Arabia y las costas del norte de África. Pero bajo la superficie imperial, el tesoro estaba crónicamente vacío. El sistema fiscal era arcaico. La economía seguía siendo agraria, mientras que Gran Bretaña y Francia se industrializaban.

En 1854, la guerra de Crimea obligó al sultán a actuar. El imperio necesitaba fondos para luchar contra Rusia. Por primera vez, los otomanos aceptaron préstamos extranjeros de bancos británicos y franceses. Las condiciones eran abusivas: por cada 100 libras de deuda que el sultán firmaba, solo recibía 80 libras en efectivo. Los banqueros se quedaban con la diferencia. Pero se cobraban intereses sobre el importe total.

El dinero en efectivo parecía un milagro. Se ganó la guerra. Y los préstamos continuaron. El sultán quería que Estambul rivalizara con París. Construyó el Palacio de Dolmabahçe —14 toneladas de pan de oro, la lámpara de cristal más grande del mundo, escaleras de cristal de Baccarat— íntegramente con dinero prestado. El coste equivalía a una cuarta parte de los ingresos fiscales anuales del imperio.

En la década de 1860, las finanzas otomanas se habían convertido en un esquema Ponzi. Se contraían nuevos préstamos para pagar los intereses de los antiguos. En 1870, el servicio de la deuda consumía más del cincuenta por ciento de los ingresos del Gobierno. La mitad de cada dólar recaudado en impuestos a los pescadores de Grecia o a los agricultores de Siria salía inmediatamente del país para pagar a los tenedores de bonos en Londres.

El colapso se produjo en 1875. El pánico financiero en Viena agotó los mercados crediticios europeos. La sequía azotó Anatolia. Las cosechas se perdieron. La base impositiva se agotó. En octubre, el gran visir anunció que el imperio no podía pagar. El Decreto del Ramadán redujo a la mitad los pagos de la deuda. En términos financieros, el Imperio Otomano había entrado en default.

La reacción no se hizo esperar. Los inversores europeos que habían comprado bonos otomanos vieron cómo sus ahorros se evaporaban. El apoyo diplomático desapareció. Rusia, intuyendo la debilidad, invadió el país en 1877. El ejército otomano, sin paga y sin suministros, fue derrotado. Los rusos marcharon hasta las afueras de Estambul. El posterior tratado de paz impuso indemnizaciones de guerra masivas que se sumaron a la deuda ya impagable.

Lo que siguió no fue una ocupación militar, sino algo más eficaz. En 1881, los representantes de los tenedores de bonos europeos llegaron a Estambul, no generales, sino banqueros, con maletines en lugar de espadas. Dictaron las condiciones. El resultado fue el Decreto de Muharram, que estableció la Administración de la Deuda Pública Otomana.

La OPDA era una corporación extranjera, gobernada por una junta que representaba a los bancos de Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia y Austria. Tenía su sede en un edificio similar a una fortaleza en Estambul. El decreto transfería las fuentes de ingresos más lucrativas del imperio directamente a este organismo: los impuestos sobre la seda, la sal, el tabaco, la pesca, las bebidas alcohólicas y los derechos de timbre. La OPDA contrató a 5000 recaudadores de impuestos propios que no respondían ante el sultán, sino ante la junta directiva.

Durante las tres décadas siguientes, la OPDA recaudó aproximadamente un tercio de todos los ingresos del Gobierno otomano. El sultán gobernaba en nombre, pero los bonistas gobernaban en la práctica. Si el imperio quería construir una escuela o una carretera, necesitaba el permiso de los banqueros. Por lo general, no quedaba dinero.

En 1910, el imperio se convirtió en un satélite económico de Alemania —las nuevas deudas con el Deutsche Bank sustituyeron a las antiguas deudas con Londres y París— y entró en la Primera Guerra Mundial en una apuesta desesperada por liberarse. La apuesta fracasó. El imperio fue destruido.

Pero la deuda sobrevivió.

Cuando Mustafa Kemal Atatürk fundó la República Turca en 1923, las potencias europeas regresaron con sus libros de contabilidad. En el Tratado de Lausana, exigieron a la nueva nación que pagara las deudas del imperio desaparecido. Turquía, devastada por la guerra, aceptó. El pago final de la deuda otomana se realizó el 25 de mayo de 1954, exactamente cien años después del primer préstamo.

El paralelismo estructural con 1982 es sorprendente. Préstamos a tipo variable diseñados para transferir el riesgo a los prestatarios. Impagos provocados por perturbaciones externas. Instituciones acreedoras que se apoderan de las fuentes de ingresos. La soberanía nacional reducida a una formalidad mientras organismos extranjeros dictan la política. Las matemáticas del interés compuesto garantizan que siempre se deba más de lo que se puede pagar.

No fue necesario inventar la técnica en el siglo XX. Solo había que ampliarla.

X. La expansión

El caso otomano ilustra cómo el sistema captura a las naciones que aceptan sus términos. Pero, ¿qué ocurre con las naciones que se niegan, que rechazan los préstamos, se resisten a las condiciones o intentan operar fuera del orden denominado en dólares?

Las pruebas sugieren que se las atrae por otros medios.

En septiembre de 2000, un año antes de los atentados del 11 de septiembre, un grupo de expertos de Washington llamado Proyecto para el Nuevo Siglo Americano publicó un informe de noventa páginas titulado «Reconstruir las defensas de Estados Unidos». El documento esbozaba una visión de la expansión del dominio militar estadounidense e identificaba a las naciones que suponían un obstáculo para los intereses de Estados Unidos: Irak e Irán como principales adversarios en el Golfo, Siria y Libia como amenazas de proliferación, y China y Corea del Norte como retos a largo plazo. Muchos de los autores del informe —Paul Wolfowitz, I. Lewis Libby, Dov Zakheim— asumirían altos cargos en la administración Bush en cuestión de meses.

El documento contenía un pasaje que más tarde llamaría la atención: «El proceso de transformación, aunque traiga consigo un cambio revolucionario, probablemente será largo, a menos que se produzca algún acontecimiento catastrófico y catalizador, como un nuevo Pearl Harbor». Un año después, ese acontecimiento se produjo.

En 2007, el general retirado Wesley Clark, antiguo comandante supremo aliado de la OTAN, describió públicamente una conversación que, según él, había mantenido en el Pentágono poco después del 11 de septiembre de 2001. Según Clark, un alto mando le mostró un memorándum de la oficina del secretario de Defensa en el que se esbozaban los planes para «atacar y destruir los gobiernos» de siete países en cinco años: Irak, Siria, Líbano, Libia, Somalia, Sudán e Irán. El relato de Clark nunca ha sido verificado de forma independiente y el memorándum en sí no ha sido presentado. Pero Clark es un testigo creíble —un general de cuatro estrellas y antiguo candidato presidencial— y su lista coincide en gran medida con los adversarios identificados en el documento del PNAC.

Lo que sí se puede verificar es lo que ocurrió a continuación. Irak fue invadido en 2003. El Gobierno de Libia fue derrocado en 2011. Siria ha sido objeto de una presión militar y económica sostenida desde 2011. Somalia ha sufrido continuos ataques con drones y operaciones especiales por parte de Estados Unidos. Sudán fue sancionado y finalmente dividido. Irán sigue sometido a sanciones generales y su alto mando militar fue asesinado por un ataque con drones estadounidenses en 2020.

El patrón se vuelve más sugerente cuando se examina a través de la lente de la banca central. El Banco de Pagos Internacionales cuenta con sesenta y tres bancos centrales miembros. La membresía es por invitación. Los siguientes datos reflejan la situación actual:

El banco central de Irak no es miembro del BPI. En septiembre de 2025, el gobernador del Banco Central de Irak se reunió con el gobernador del Banco de Inglaterra para buscar la integración en el sistema bancario internacional. El banco central de Libia no era miembro bajo el régimen de Gadafi. En junio de 2024, tras años de guerra civil y el colapso del antiguo régimen, se aprobó la adhesión de Libia al BIS, una invitación que le hizo el propio director general, Augustin Carstens. Siria, Líbano, Somalia, Sudán e Irán siguen fuera.

Los países que figuran en la lista de Clark, independientemente de que su memorándum existiera o no, comparten una característica común: en el momento en que fueron objeto de ataques, sus bancos centrales estaban fuera de la red de coordinación del BIS. Los patrones militares y financieros coinciden.

China presenta una aparente excepción. Se unió al BIS en 1996 y se la menciona ampliamente en el documento del PNAC como una «gran potencia competidora en ascenso». Pero el caso de China puede ilustrar no una alternativa al sistema, sino su culminación. El Banco Popular de China ha asistido a las reuniones bimestrales de Basilea durante casi tres décadas. Las reservas de China siguen estando denominadas en su gran mayoría en dólares. Las mismas instituciones de Wall Street —Goldman Sachs, Morgan Stanley, BlackRock— que dominan las finanzas occidentales han sido fundamentales en la construcción de los mercados de capitales chinos. En el nivel que importa —la coordinación de los bancos centrales— China ha estado dentro del sistema durante una generación.

La retórica multipolar cumple una función diferente. Las cumbres del BRICS generan titulares sobre la desdolarización y las monedas alternativas, pero después de más de una década de debate, no ha surgido ningún sistema concreto. La cuota del yuan en las reservas mundiales sigue siendo marginal. La apariencia de rivalidad alivia la presión: las poblaciones tanto de Oriente como de Occidente pueden creer que existen alternativas, que la competencia sigue abierta, mientras que los bancos centrales de todas las principales economías se coordinan en la misma torre, bajo la misma inmunidad, siguiendo la misma lógica. La descripción de Quigley de «los bancos centrales del mundo actuando de forma concertada» no hacía excepción con los rivales ideológicos. La arquitectura financiera de la Guerra Fría sugiere que él entendió algo que la geopolítica superficial oscurece: la competencia es real en algunos niveles, pero en la cúspide prevalece la coordinación.

El sistema se expande mediante dos métodos. Para las naciones que aceptan la deuda, la trampa se cierra a través del interés compuesto y el ajuste estructural. Para las naciones que se niegan, existen otros instrumentos. El resultado es el mismo: bancos centrales coordinados a través de Basilea, monedas dependientes del dólar, soberanía reducida a la administración de la deuda.

XI. El libro mayor

La arquitectura revelada por la crisis de la deuda de 1982 sigue funcionando. Los mecanismos se han perfeccionado, ampliado y aplicado a nuevos objetivos, incluidas, después de 2008, las poblaciones de las propias naciones acreedoras. Pero la estructura básica persiste: la creación privada de dinero como deuda con intereses, la coordinación de la política monetaria a través del BPI y la aplicación mediante préstamos condicionales.

El privilegio de crear dinero —de conjurar poder adquisitivo a partir de asientos contables— se ha delegado en instituciones privadas que operan al margen de la responsabilidad democrática. Los intereses que se cobran por ese dinero fluyen perpetuamente de los prestatarios a los prestamistas, de la economía productiva al sector financiero, de la periferia al centro. Las naciones que intentan escapar a este acuerdo descubren que el sistema cuenta con mecanismos de aplicación: denegación de crédito, ataque a la moneda y, cuando es necesario, intervenciones más directas.

Los hombres que diseñaron este sistema entendían lo que estaban construyendo. Montagu Norman y Hjalmar Schacht, al crear el BIS en 1930, sabían que estaban estableciendo una institución fuera del alcance de los gobiernos. Los banqueros que se reunieron en Jekyll Island en 1910 para redactar la Ley de la Reserva Federal sabían que estaban privatizando el poder de crear dinero. Los comités de acreedores que gestionaron la crisis de 1982 sabían que estaban extrayendo más de lo que se había prestado.

Los tenedores de bonos otomanos también lo sabían. La técnica es antigua. Solo ha cambiado la escala.

Las cifras de 1982 constituyen una acusación que no necesita más explicaciones.

Deuda original: 430 000 millones de dólares.

Importe pagado: 658 000 millones de dólares.

Importe aún adeudado: 882 000 millones de dólares.

Estas cifras describen un sistema que toma más de lo que da y deja a sus súbditos más agobiados que antes. El lenguaje de la economía —reestructuración, ajuste, condicionalidad— oscurece lo que palabras más antiguas y sencillas llamarían extracción, control y dominio.

La torre de Basilea sigue en pie. Los banqueros centrales siguen reuniéndose allí, cada dos meses, tras puertas a las que ningún periodista puede entrar, sin levantar actas, sin rendir cuentas al público. Las deudas de las naciones siguen denominadas en monedas que los deudores no controlan y no pueden crear. Los intereses siguen acumulándose.

El sistema sigue funcionando según lo previsto.

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Fuente